Varios de los apresamientos han sido resultado de operaciones de inteligencia realizadas por las mismas instituciones a las que pertenecen y han concluido con la suspensión o arresto de los agentes, entre ellos cabos, coroneles, mayores y rasos.
En el más reciente, unos diez policías están involucrados, incluido un capitán. Además, resultó en la destitución del encargado de Asuntos Internos de la Dirección Regional Sur de la Policía, con asiento en Barahona, el primer teniente José Antonio Suero Carrasco, padre de una agente que supuestamente habría participado en el secuestro del cabo Esteban Armando Féliz Batista.
En medio de una promocionada reforma integral de la Policía Nacional que aún no inicia, hay actualmente 148 militares y policías privados de libertad en los dos centros carcelarios especializados que han sido habilitados para la reclusión de ese personal, la mayoría de ellos por homicidio y tan solo dos por drogas, según datos ofrecidos por autoridades del Nuevo Modelo Penitenciario.
Mientras que 1,312 militares pertenecientes al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Armada Dominicana fueron dados de baja entre enero de 2018 y septiembre de 2021 por mala conducta, faltas graves y sentencias condenatorias, entre otros, según estadísticas presentadas en los portales de transparencia de las instituciones castrenses.
Otro “tumbe”
Por otro “tumbe” realizado a finales de 2018, seis agentes de la policía en San Cristóbal fueron suspendidos y posteriormente investigados en febrero de 2019.
El teniente coronel Nelson Odalís Soriano junto a otros agentes fueron acusados de haber reportado tan sólo una parte del hallazgo de cocaína en un camión abandonado el cinco de diciembre, aunque las autoridades manejaban la información de que la cantidad de droga ocupada fue mayor y estaban involucrados militares de puestos de control del sur.
Soriano había sido puesto anteriormente en retiro forzoso por estar “relacionado con delincuentes”. Dos años después, el Poder Ejecutivo volvió a retirarlo forzosamente en mayo de 2020, junto al resto de los agentes.
En tanto que en octubre de 2020 apresaron al jefe de seguridad de la cárcel de San Pedro de Macorís, José Miguel Velásquez, por ingresar con cocaína.
A inicios de mayo de este año, los registros periodísticos recogen que un mayor de la Policía fue apresado por trasladar 63 pacas de marihuana en San Juan. Asimismo, en junio se informó que dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y tres del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), “se combinaron” con cinco empleados del aeropuerto de Puerto Plata para traficar 309 kilos de cocaína ocupados en el aeropuerto de Bruselas en 2020.
Más narcotráfico
Está el caso en 2017 de los coroneles de la Fuerza Aérea y del Ejército, Domingo Figuereo Heredia y Robert Antonio Ramírez Pimentel, respectivamente; el teniente de la Policía Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado militar Emmanuel Cruz Espinal, acusados de aceptar sobornos y permitir el aterrizaje de una avioneta cargada de droga.
Los cuatro militares fueron cancelados bajo la acusación de dirigir el apagado de los sistemas de seguridad del aeropuerto de La Romana y facilitar la entrada de 23 paquetes de cocaína, provenientes de Colombia, el 23 de octubre de 2017.
Otros hechos delictivos
En junio de 2018, tras recibir una denuncia de robo, cuatro oficiales de la Policía Nacional realizaron un allanamiento ilegal a la casa de un excadete a quien habían acusado como autor intelectual y allí se dividieron RD $1,170,500 de un millón y medio de pesos que habían sido sustraídos a una empresaria.
Del hecho fueron acusados el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, quien ya había tenido antecedentes ante la justicia por la supuesta comercialización de una droga con otros agentes. Junto al coronel, fueron apresados además el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el capitán Martín Madé Lara y el segundo teniente Ormandis Onésimo Alcántara Castillo.
En diciembre de 2019, un mayor de la FARD asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) fue detenido por contrabando de cigarrillos luego de una operación de inteligencia que terminó con una persecución en Baní.Un mes más tarde y al norte del país, tres agentes de la PN fueron acusados de asaltar a un comerciante en Puerto Plata. Mientras que el 12 de enero un cabo adscrito a la Dirección Regional Sur de la Policía fue señalado como integrante de “una banda de atracadores” en Barahona.
Para el 20 de noviembre de 2020 un raso de la policía fue suspendido y puesto a disposición de la justicia al participar de un intento de atraco. Mientras que semanas antes, se informó la destitución de un sargento y dos cabos involucrados entre 4 y 5 agentes y militares.
Igual número de personas, entre ellos militares, fueron investigadas para la misma fecha en relación a 1,000 kilos de cocaína decomisados el 16 de noviembre de 2018 en el puerto de Haina Oriental; aunque se desconoce el resultado de las investigaciones, así como los nombres de los militares involucrados. La droga fue incautada en dos contenedores procedentes de Colombia, uno de ellos cargado con botellas vacías.
Mientras que en febrero de 2019, tras la denuncia de alguien que se identificó como exvendedor de drogas, en San Juan, la Policía Nacional inició las indagaciones de policías cómplices del microtráfico en esa ciudad.
SEPA MÁS
Casos anteriores
Entre 2011 y 2017, unos 62 militares y policías habían sido separados de las filas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las Fuerzas Armadas, el entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA) y la Policía Nacional, por cometer faltas graves.
Entre esos más de 50 oficiales, 27 eran coroneles y los miembros de la Fuerza Área habrían sido los que más habían participado en ilícitos, “principalmente en drogas” señalan medios de la época.
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