Opiniones,, ,,
En nuestro país muchos se han acostumbrado a que las leyes sean
discrecionalmente aplicadas según las conveniencias o de quien se trate,
a que los plazos no se cumplan y siempre haya la posibilidad de
prórrogas, a que las mentiras sean proclamadas con la misma
grandilocuencia que las verdades, a que todo se pueda acomodar a los
intereses incluyendo la Constitución y las leyes, y a que para muchos
nada tenga consecuencias.
Todo esto ha creado un nocivo clima de desconfianza e inseguridad
jurídica que erosiona la credibilidad de las autoridades y de las
instituciones, y que afecta casi todas las actividades y relaciones. Por
eso el valor de la palabra es magro y no importa de cual documento se
trate, para ser aceptado como válido requiere de más legalizaciones,
sellos y certificaciones que en cualquier parte y aun así abundan los
escándalos de documentos adulterados expedidos por instituciones
oficiales o de firmas falsificadas incluso por abogados y que fueron
legalizados por notarios.
Esta falta de credibilidad y de confianza se refleja en nuestros
partidos, cuyos niveles de confianza han estado bajando en forma
continua, lo que sin lugar a duda está vinculado al hecho de que un
altísimo porcentaje de un 87 % de la población considera que la mitad,
más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de
corrupción; según los datos de la encuesta de Latinobarómetro 2019.
Ese declive de la confianza en los partidos es atribuible en gran
parte a los gobiernos del PLD, pues, aunque lograron aumentar la
confianza de la población post crisis bancaria de 21.5% en el 2004 a
35.2% en el 2006, desde el 2008 el nivel de confianza no ha hecho más
que bajar hasta caer a 28.4 en 2019.
Y no es casualidad que sea precisamente a partir de 2010 que el
porcentaje de confianza en los partidos haya iniciado un continuo
descenso, pues en mayo de 2009 se firmó el tristemente célebre pacto de
las corbatas azules entre los líderes del PLD y el PRD para reformar la
Constitución; el cual afianzó la creencia de que todos los partidos son
iguales y fue la génesis de un debilitamiento en nuestro sistema de
justicia y nuestra democracia, así como de los problemas internos en
ambos partidos cuyas consecuencias son de todos conocidas.
Aunque la aprobación de la Ley 33-18 de partidos y agrupaciones
políticas debió haber significado una genuina búsqueda de fortalecer los
partidos y de restaurar parte de la confianza perdida en estos, en su
corta vigencia los hechos han demostrado que se aprobó más para buscar
una forma de resolver la elección del candidato presidencial del partido
oficial mediante la celebración de primarias, que con la real intención
de realizar las profundas transformaciones que requiere el quehacer
político.
La obsesiva búsqueda por imponer una reforma a la Constitución para
eliminar la prohibición a repostularse a un tercer mandato del
presidente derivó en la escisión del partido oficial, lo que aunado al
desperado intento de habilitarlo para un futuro mandato so pretexto de
la imperiosa necesidad de unificar las elecciones municipales con las
presidenciales y congresuales, deterioró aún más la credibilidad de
muchos líderes políticos, pues ni caeremos en el abismo porque un
caudillo no pueda eternizarse en el poder, ni habrá un caos porque
celebremos elecciones municipales separadamente.
En medio de tanta desconfianza en los partidos, las instituciones y
los políticos, así como de tan alta percepción de corrupción, generar
confianza y poder exhibir una trayectoria limpia y un discurso apegado a
la verdad, sumará adhesiones y generará esperanzas. Por eso en este
proceso electoral en el que han abundado las sorpresas y se han caído
muchas apuestas, nuestro liderazgo debe entender que más allá del
derroche de recursos, del clientelismo, de los intereses particulares,
de los sucios cambalaches y de los oscuros acuerdos, gran parte de la
sociedad está simplemente buscando en quien creer y confiar.
Por Marisol Vicens Bello ,-
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