Al aumento de los precios de la canasta familiar, pretendidamente explicados por factores externos, el gobierno sumó los incrementos de la factura eléctrica en porcentajes que mucha gente denuncia que exceden el 100% de sus pagos anteriores.
El resultado no se hizo esperar y la población se ha quejado con sobrada razón, porque tener que pagar más dinero por un suministro eléctrico que se ha vuelto precario, ha reducido la capacidad de compra de los depauperados salarios de los dominicanos.
Reaccionando a la abrumadora crítica y protesta de la gente, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión de los aumentos en la tarifa eléctrica que estaban programados para el resto del presente año. Y al día siguiente, la Superintendencia de Electricidad ordenó revertir el aumento de las facturas emitidas para ser pagadas el presente mes de julio, lo que “combinaron” con autoaumentos salariales de hasta un 26%, en violación a lo que establece la Constitución.
Como se sabe, todos los sectores políticos y económicos -algunos de los cuales se benefician grandemente del negocio eléctrico- firmaron el denominado Pacto Eléctrico, que, entre otros objetivos, busca eliminar los “subsidios” a la tarifa eléctrica.
Aunque siempre se ha sabido que gran parte del déficit de las empresas distribuidoras se debe a las pérdidas técnicas, así como al fraude endémico, la clase dirigente del país han decidido que ese déficit lo pague el consumidor, en especial las clases medidas, que son las que no se benefician de los subsidios y que, adicionalmente, son los que cargan con el peso del pago de lo que sirven las EDES.
En un contexto de inflación global, debido a los aumentos de las materias primas, problemas en la cadena de distribución, aumento de los precios de todos los hidrocarburos y el impacto alimentario y energético de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno dominicano debió prever que el aumento sostenido de la tarifa eléctrica iba a agravar las condiciones económicas y el nivel de vida de las familias dominicanas.
Se debió pensar, por lo menos, en que cuando un negocio grande o pequeño recibe una factura eléctrica aumentada, ese costo lo traspasa inmediatamente a los precios de los productos y servicios que venden u ofertan.
Es decir que los “reajustes” en las tarifa eléctrica impactan doblemente el bolsillo de las familias, que no solo tienen que pagar más por un servicio cada día más deficiente, sino que debe soportar el reflejo de esas nuevas tarifas en los precios de los alimentos, las medicinas, las consultas médicas y los trabajos y servicios más elementales, como el simple fotocopiado.
Esta “suspensión” de los nuevos aumentos de precios de la electricidad no va a corregir ese doble impacto negativo en el bolsillo de la gente que se viene acumulando desde principios de este año. Y, en definitiva, lo que demuestra es que cuando se toman y adoptan políticas y decisiones económicas, siempre hay que estudiar y estimar el impacto que tendrán en los diferentes grupos poblacionales, en especial entre las clases medias y bajas del país. El palo dao, como dicen en los barrios, nadie lo quita.
@Lizamavel
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