Complace y a la vez preocupa las situaciones que se han dado en torno a la entrega de las declaraciones juradas de patrimonio por parte de las salientes y las entrantes autoridades públicas del país. Salvo justificadas excepciones, el país ha reaccionado sorprendido ante algunas cifras que simplemente no cuadran. Por un lado figuras con fortunas insuficientes para lo que ha sido su vida pública y por el otro, gente que reportan unos números astronómicos sin haber sido agraciados de ningún sorteo de las diferentes loterías.
Hacer cumplir la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes ha sido un constante dolor de cabeza para la nación que cada cuatro años observa la reticencia de algunos, que pese a todo tipo de advertencias, intentan -con éxito- burlar la norma, no reportando, o presentando expedientes amañados ya sea por sobre, o subvaluación.
Si, asimismo. Personas que dicen tener más de lo que tienen, quizás proyectando con lo que piensan salir al termino de sus funciones (...), y otros que, acostumbrados a decir que tenían poco, ya no saben cómo justificar lo que en verdad poseen. Escenarios amañados que deben ser clarificados so pena de sanciones como correctamente advirtiera la Procuradora General de la República, Miriam Germán, pero que encuentran su principal escollo precisamente en la entidad que debe hacer esas comprobaciones.
Y es que históricamente la Cámara Cuentas, responsable de ese proceso, nunca ha encontrado ninguna irregularidad en este tipo de casos. Realidad que hace difícil suponer que ahora, teniendo que evaluar al funcionariado del poder político que la instaló y con el nuevo que busca congraciarse, lo vaya a hacer.
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