Amén de engrosar la bochornosa cifra de
feminicidios y el preocupante número de huérfanos, el asesinato de la
abogada Anibel González Ureña nos deja la interrogante de cuál fue el
verdadero culpable de la tragedia. Esto porque aunque innegablemente que
el culpable del homicidio fue la expareja y suicida, Yasmil Oscar
Fernández Estévez, la verdadera culpabilidad recae en las autoridades
fiscales que no hicieron lo que tenían que hacer para impedir que este
hombre matara a la madre de sus tres hijas menores.
Y es que no se concibe que alguien que dos años antes le propinara
siete estocadas a Anibel delante de sus niñas, fuera puesto en libertad
mediante un acuerdo flexible y sospechoso con el Ministerio Público.
Orden de alejamiento, presentación periódica, no consumo de alcohol y
prohibición de uso de armas de fuego, entre otras disposiciones, fueron
todas incumplidas por Fernández Estévez. El de Anibel es un caso triste,
que junto a la culpabilidad del sistema, muestra también la complicidad
de los familiares y amigos que debieron al momento de la excarcelación
del asesino y su insistencia en el acoso, denunciar y reclamar su
confinamiento independientemente a que la víctima se opusiera. Lo
acaecido debe llamar a reflexión para tomar medidas más eficaces ante el
flagelo y la indefensión de las damas. Y una de ellas pudiera ser
establecer mediante excepción, que aunque el sometimiento se haga en la
jurisdicción de la denuncia, el conocimiento del expediente se realice
en otra para evitar que las componendas y las sintonías de los
perpetradores con las autoridades locales les permitan salirse con la
suya.
Por Cesar Duvernay ,-
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