Esto gravísimo, pues la proyección del crecimiento del turismo al 2060, podría llevar el flujo de visitantes a 25 millones, con este crecimiento exponencial será un negocio por mucho más rentable que el realizado al amparo de la concesión original.
De esta forma, si está negociación, por demás con graves cuestionamientos de constitucionalidad, pues el presidente adelantó 7 años la renegociación de un contrato que no vencía en este periodo (ni siquiera en un eventual y remoto segundo período), fuere aprobada por el Congreso, estaríamos entregando sin punto de comparación ni referencia uno de los activos estratégicos más importantes del país.
Los entendidos en materia de desarrollo económico saben qué hay 3 sectores estratégicos que apalancarán el crecimiento y diversificación de la economía dominicana en los próximos 25 años: Turismo, HUB Logístico y Minería.
Con la entrega, cuestionable y sin licitación, de estos activos, el país se pierde de lograr las mejores condiciones posibles para potenciar y beneficiarse de un eslabón clave (los aeropuertos) para dos de los elementos de ese trípode de potenciación del desarrollo económico: Hub Logístico y Turismo.
Con esta decisión, Luis y su gobierno no sólo asesinaron su bandera de transparencia, sino que nos quitaron el derecho a elegir lo mejor, en un marco de competencia y participación que asegurara las mejores condiciones para el país.
Hoy, como consecuencia de ello, la opinión pública se alarma ante las cláusulas de un contrato que a todas luces debe ser rechazado por el Congreso de la República.
¡Los dominicanos tenemos el derecho a poder elegir!
@rafaelpazRD
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