Penosamente, no parece haber disuasivos eficaces para detener la hemorragia de los feminicidios en el país.
Ni el aumento de las penas de prisión, ni las inútiles órdenes de
alejamiento, ni las medidas de coerción o los acuerdos negociados para
dejar en libertad a los maltratadores de mujeres, han bastado para tener
a raya a los feminicidas.
Al menos hay 38 casos documentados que prueban que, pese a las
evidencias criminales, los peligros, las agresiones directas y hasta el
encarcelamiento de algunos hombres, el rictus fatal del feminicidio se
impone por encima de todas las circunstancias.
Uno de los asesinatos que más conmocionó recientemente a la sociedad
fue el de la joven abogada Anibel González Ureña, de San Pedro de
Macorís, cuyo marido la había agredido a puñaladas un año antes, pero
salió de prisión en virtud de un amañado y complaciente acuerdo que le
validó el ministerio público.
Sin haber salido todavía del estupor que causó ese feminicidio, otro
caso semejante, casi calcado como el primero, se llevó de encuentro la
vida de Juana Domínguez Salas, allá mismo. El asesino la asfixió tan
pronto salió de la cárcel por virtud de otro acuerdo fatal.
La fiscal que instrumentó ambos acuerdos fatales, destituida tras el
primer escándalo, ha sido arrestada, según informó la Procuraduría
General de la República.
Este tipo de arreglos entre parejas o exparejas que han atravesado
por algún episodio de abuso o amenazas, suele darse como inevitable
aunque indeseable alternativa cuando se trata de mujeres económicamente
dependientes de sus agresores.
Si la mujer agredida no trabaja y tiene hijos, el encarcelamiento del
esposo abusador significa poner en riesgo la manutención. Y sobre la
base de esta debilidad, a muchas de ellas las han chantajeado y engañado
para que acepten negociar la libertad de sus verdugos... hasta que
finalmente acontece lo que nadie quería.
La Ministra de la Mujer propone que, por ley, se impida salir de la
prisión a los agresores de mujeres mediante este tipo de acuerdos, como
los dos de Anibel y Juana Domínguez, que terminaron con sus vidas.
En verdad, el país necesita de mecanismos más efectivos en su lucha contra los feminicidios.
Tomado del editorial de

de la fecha ,-
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